Las medidas de excepción son vigentes durante el toque de queda, prolongado hasta el próximo sábado por el congreso y que rige desde las 22:00 horas a las 05:00 del día siguiente.
El toque de queda fue una de las primeras decisiones de los militares tras el secuestro del presidente constitucional, Manuel Zelaya, la madrugada del domingo pasado, que desató una ola de ira popular.
Las fuerzas armadas mantienen militarizadas las instituciones públicas, entre ellas las empresas Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Hondutel, de comunicaciones.
Las organizaciones populares denunciaron que los retenes impuestos por las tropas impiden también la llegada de manifestantes a la capital.
Una dirigente campesina narró que debieron enmontañarse, caminar durante cinco horas por zonas rurales, para burlar uno de esos bloqueos y poder llegar a la capital para sumarse a las marchas opositoras al golpe.
El ingenio popular ha sido empleado también para cruzar los retenes: un dirigente relató que en la ciudad de Progreso, en el norte, engañaron a los soldados diciéndoles que el presidente de facto, Roberto Micheletti, los había llamado a Tegucigalpa.
El diario Tiempo explica hoy que Micheletti solicitó al parlamento unicameral aplicar un estado de sitio total durante el toque de queda, pero la noticia trascendió y finalmente los diputados limitaron la pérdida de derechos a cuatro.
Los artículos de la constitución suspendidos son el 69, que establece que la libertad personal es inviolable; y el 71, que reza que ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente.
Este derecho suspendido garantizaba que la detención judicial para inquirir no podrá exceder de seis días, contados desde el momento en que se produzca la misma.
Otro de los artículos suspendidos es el 78, mediante el cual se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.
El cuarto, es el 81, mediante el cual la constitución garantiza que toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.
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