El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, rechazó de manera enérgica la acción contra Santos por el bombardeo a un campamento de las FARC en territorio de ese país, al señalar que ésta atenta contra la seguridad nacional.
Ese ataque, ocurrido en 2008, generó la ruptura de los vínculos diplomáticos bilaterales y el mismo estuvo dirigido contra una base clandestina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicada en el norte ecuatoriano.
En esa operación, considerada una violación de la soberanía ecuatoriana, murieron 26 personas, entre ellas cuatro civiles y el comandante guerrillero Raúl Reyes.
Ante el procedimiento jurídico levantado contra Santos, Uribe señaló que su gobierno creará una gerencia interinstitucional para defender -según dijo- a los colombianos de la guerra que desde el interior del país y desde sectores internacionales adelanta el terrorismo en lo político y en lo jurídico.
De acuerdo con el mandatario, dicha gerencia comenzará a operar en las próximas horas, y la misma estará conformada por los ministerios de Interior y Defensa, la Cancillería y la Fiscalía, y además contará con una secretaría ejecutiva permanente.
"No podemos permitir que se judicialice la libertad, no podemos permitir que la guerra política y jurídica del terrorismo, prive a los colombianos del derecho a recuperar la seguridad", indicó Uribe.
Tras el anuncio del jefe de Estado, la Secretaría de Prensa de la Presidencia emitió un comunicado en el cual asegura que la denominada operación Fénix, en la que se bombardeó el campamento clandestino de las FARC en territorio ecuatoriano, se fundamentó en una decisión política".
En desarrollo de ella, agrega, se ejecutó una operación militar contra un objetivo legítimo, con estricta observancia del derecho internacional humanitario.
El comunicado también manifiesta que el proceso judicial iniciado en el Ecuador contra altos funcionarios colombianos, con ocasión de la referida operación, vulnera diversas normas y principios de derecho internacional.
Por esta razón, Colombia expresa categóricamente la falta de jurisdicción de Ecuador, en relación con la presunta responsabilidad individual o personal de cualquiera de los servidores o funcionarios públicos que intervinieron en la Operación Fénix, añade.
Sin embargo, esa incursión militar a Ecuador ha sido rechazada y condenada por diversos organismos multilaterales y países de la región.
En tanto, Ecuador ha expresado en reiteradas ocasiones que agotará todas las vías legales nacionales e internacionales para que el bombardeo colombiano a su territorio no quede en la impunidad, al considerarlo una violación y agresión a su soberanía.
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