La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, de conjunto con sus homólogas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Asuntos Económicos, debatieron ayer los dictámenes de los proyectos de las leyes del Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba y de la Contraloría General de la República, respectivamente. Ambas serán sometidas a aprobación en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el próximo sábado. 
Acerca de la primera destacaron la importancia de conservar el patrimonio histórico y cultural de la nación para las actuales y futuras generaciones, así como para preservar el socialismo y su obra de justicia social. Al triunfo de la Revolución en el país existían 12 museos; de entonces acá se han creado otros 304.
Ricardo Alarcón de Quesada, presidente del Parlamento, y Eusebio Leal, diputado e historiador de la Ciudad de La Habana, llamaron a cumplir la letra de esta legislación. La preservación de la memoria histórica de la nación, subrayaron, no requiere solo de recursos, sino de personas que la asuman y lleven a la práctica.
La Ley de Contraloría crea un órgano estatal que sustituirá al actual Ministerio de Auditoría y Control. Este —explicó José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión— auxiliará a la ANPP y al Consejo de Estado en el cumplimiento del mandato constitucional de ejercer la más alta fiscalización de los órganos del Estado y del Gobierno. Está llamado, dijo, a desempeñar un rol esencial por elevar el orden, la disciplina económica y el enfrentamiento a cualquier manifestación de corrupción.
María Esther Reus y Francisco Pérez, ministra y viceministro de Justicia, respectivamente, informaron a los diputados sobre el estado actual y proyección del ordenamiento inmobiliario en el país.
Hasta la fecha se han constituido 160 Registros de la Propiedad (quedan pendientes ocho en Ciudad de La Habana y uno en Ciego de Ávila), donde constan inscritos 4 802 solares yermos (18%), 20 123 inmuebles estatales (10,5%), 161 680 viviendas (4,7% del fondo habitacional) y la totalidad de los inmuebles vinculados a la inversión extranjera.
Resaltaron el hecho de que se ha registrado el 100% de las transmisiones de dominio realizadas por la población (permutas, donaciones, adjudicaciones de herencia u otras), y exhortaron a los organismos estatales a cumplir con esta importante tarea que brinda seguridad jurídica al país. ( Lourdes Pérez Navarro)
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