Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, denunció hoy que la administración de EE.UU. promueve la ilegalidad y la indisciplina social en Cuba, mediante su ley Helms Burton.
Juan Escalona Reguera, fiscal general de la República de Cuba, hace entrega de un reconocimiento por sus más de 30 años de servicio a Nancy Morales, del Tribunal Supremo Popular.
Nuestra nación es la única donde el país más poderoso del planeta se empeña en fomentar la disolución, los vicios y las desobediencias sociales, advirtió Alarcón en un acto de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo Popular por su aniversario 35, realizado en el cine Astral.
Aclaró que el Socialismo no puede convivir con esas inmoralidades que, aunque no sean comparables en su magnitud a las predominantes en el mundo, tenemos que erradicarlas, porque en ello nos va la continuidad de un proyecto que se remonta a los orígenes de la nación cubana.
Reiteró sus denuncias de prevaricación sobre los cinco cubanos presos en cárceles norteamericanas y condenados a excesivas penas por monitorear a organizaciones contrarrevolucionarias, radicadas en el sur de la Florida con la anuencia de las autoridades estadounidenses.
Insistió en las arbitrariedades en el proceso contra Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González, a los cuales la Corte de Apelaciones del XI Circuito de Atlanta denegó en septiembre pasado las solicitudes de reconsideración del caso.
En el acto recibieron reconocimientos los fundadores del sector y uno especial le fue entregado a Manuel Urrutia Bernal, actual juez en la Ciudad de La Habana, por sus 50 años de labor. Alarcón, Pedro Sáez, miembro del Buró Político y primer secretario del Partido en la capital, María Esther Reus, ministra de Justicia, Juan Escalona, fiscal general de la República y Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, felicitaron a los homenajeados.
Así celebraron jueces y fiscales cubanos la creación, el 23 de diciembre de 1973, de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo Popular, en coincidencia con el aniversario 132 del nacimiento del Mayor General del Ejército Libertador, el jurista Ignacio Agramonte y Loynaz. (P.L)
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