Los impulsores de la demanda, rechazada ya por las autoridades de Washington y Madrid, tratan de formar una red integrada por abogados y organizaciones sociales y de derechos humanos para apoyar el avance de la denuncia.
La acusación afecta al ex fiscal general de Estados Unidos Alberto Gonzáles y a los ex funcionarios de los departamentos de Justicia John Yoo y Jay Bybee y de Defensa Douglas Feith.
También a David Addington, ex jefe de personal del ex vicepresidente Dick Cheney, y al abogado del Pentágono William Haynes.
La querella considera a esas personas autoras por cooperación necesaria de los delitos de tortura y tratos inhumanos, perseguibles en España de acuerdo con el principio de jurisdicción universal.
En declaraciones a Público, el abogado estadounidense William F. Pepper, conocido por su actividad en el campo de los derechos civiles en su país, se manifestó convencido de que la causa puede prosperar.
Hace dos días el fiscal general de España, Cándido Conde-Pumpido, rechazó la demanda presentada en marzo pasado y la calificó de artificio y frauduluenta.
Pepper indicó que esa postura del ministerio público español es sólo la del gobierno, el cual, aseguró, ha sido sometido a mucha presión por parte de la administración estadounidense.
El rechazo de Conde-Pumpido a la denuncia coincidió con el anuncio hecho por el presidente norteamericano, Barack Obama, de que no juzgará a los funcionarios responsables de torturas durante la gestión de su antecesor, George W. Bush.
La querella acusa a los implicados de establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo.
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