Lourdes Pérez Navarro
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Uno de los derechos y garantías constitucionales de que disfrutamos los ciudadanos cubanos es el de "dirigir quejas y peticiones a las autoridades y recibir la atención o respuestas pertinentes y en el plazo adecuado, conforme a la ley".
Velamos por que los derechos de los ciudadanos se garanticen y respeten, asegura la máster Odalys María Hernández Fuentes.
Para hacerlo efectivo, es la Fiscalía General de la República la principal garante de este derecho, aun cuando el país cuenta con un amplio sistema interinstitucional que incluye la participación de organizaciones políticas y sociales.
La Ley 83 de 1997 que rige el actuar de esta institución, atribuye al fiscal la responsabilidad de atender las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos, y disponer, mediante resolución, el restablecimiento pleno de la legalidad.
Los fiscales orientan a la población sobre trámites legales y recepcionan y dan respuestas a quejas y reclamaciones.
Desde el año 1994 la Fiscalía General potenció esta función al crear una estructura que contempla en el nivel central la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos, departamentos homólogos en cada Fiscalía Provincial, y fiscales dedicados a esta labor en todos los municipios.
Diariamente atendemos a la población en todas las instancias de nuestro organismo, explica a Granma la máster Odalys María Hernández Fuentes, fiscal jefa de la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos. Le ofrecemos orientación acerca de qué hacer para tramitar sus asuntos o recepcionamos quejas y reclamaciones por inconformidades de los ciudadanos con decisiones adoptadas por las administraciones o por cualquier órgano que resuelve conflictos civiles, administrativos, agrarios, penales o de otra índole.
"Esto no sucede así en la mayoría de los países del mundo, donde no es una institución como la Fiscalía —que es una estructura estatal—, la que se ocupa del tema y brinda una garantía de cumplimiento. En ese sentido en nuestra nación es el Estado el que vela por que los derechos de los ciudadanos se garanticen y respeten."
—¿Qué hace el fiscal cuando recibe una queja o reclamación?
A partir de su recepción el fiscal cuenta con un término de 60 días para investigar todos los planteamientos. Para ello tiene acceso a instalaciones y dependencias de organismos y entidades económicas y sociales, y a las direcciones subordinadas a los órganos locales del Poder Popular. Pueden expedir citaciones, realizar entrevistas, tomar declaraciones, revisar y ocupar documentos, solicitar peritajes y cuanta diligencia requiera la investigación. Incluso está facultado para examinar procesos judiciales archivados en los tribunales o estudiar los que están en tramitación.
—Una vez concluida la investigación ¿cómo procede?
Pueden pasar dos cosas: una, que no sea detectada ninguna violación. En ese caso ofrecemos al reclamante una respuesta fundamentada legalmente y, siempre que sea necesario y proceda, se le orienta jurídicamente cuál es la vía para resolver su problema.
Ahora, si comprobamos la existencia de cualquier quebrantamiento de sus derechos, tratamos primeramente de obtener una solución operativa, es decir, mediante la gestión personal del fiscal con el órgano infractor, mediamos para lograr el restablecimiento inmediato de la legalidad.
De no ser posible, ya sea por la gravedad de la violación o por las consecuencias que ha provocado, entonces el fiscal emite una resolución donde fundamenta la infracción y concede al organismo 20 días para tomar las medidas correspondientes, exigiendo, además, el restablecimiento del derecho quebrantado y la depuración de la responsabilidad individual de quienes cometieron la violación.
—¿Considera que existe en la población suficiente conocimiento de este derecho que le asiste?
Las estadísticas dan fe de ello. Anualmente más de 70 000 personas acuden a nuestras oficinas en busca de orientación, cifra que se incrementa cada año en cerca de 10 000. En el 2008, por ejemplo, atendimos a 82 417 ciudadanos y tramitamos más de 12 000 escritos de quejas.
Es de significar que en el 27% de las reclamaciones le asistió razón a la persona en sus planteamientos. Las principales violaciones detectadas están relacionadas con materias administrativas —fundamentalmente de Vivienda—, y con quebrantamiento de los derechos laborales, con énfasis en el funcionamiento de los Órganos de Justicia Laboral de base.
Las reclamaciones de mayor incidencia son monitoreadas sistemáticamente por nuestros especialistas para determinar las causas y condiciones que generan estas inconformidades y violaciones de la ley, y trazar estrategias de trabajo para influir en su disminución.
Especial atención le dedicamos a la protección de los derechos de la mujer y de los menores de edad. Cada año atendemos a más de 20 000 ciudadanas sobre temas administrativos, laborales, penales, civiles y de familia, en ese orden.
En cuanto a los menores dirigimos nuestra línea en dos vertientes: velamos por la situación legal, derechos y garantías de los infantes que se encuentran al cuidado de instituciones estatales (hogares de niños sin amparo filial y círculos mixtos); y de aquellos que tienen trastornos de conducta o que cometen hechos que la ley tipifica como delito, los que reciben un tratamiento educativo, excluido de la legislación penal.
—Tras 15 años de labor, en su opinión ¿qué ha significado la creación de la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos?
El hecho de haber estructurado la Fiscalía General de la República una dirección especializada para la atención, tramitación y respuesta de las quejas, reclamaciones y consultas de la población, no solo ha significado la posibilidad de restablecer la legalidad quebrantada —como ocurre en múltiples casos—, o la oportunidad de brindar asesoramiento legal a las personas para el adecuado ejercicio de sus derechos; constituye, además, una valiosa fuente de información que propicia la colaboración con las instituciones del Estado y autoridades del Gobierno y del Partido para erradicar las causas y condiciones que generan quejas e inconformidades en la población.
Estas funciones nos permiten también sedimentar una cultura jurídica en nuestro pueblo, sobre la base del cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos y deberes de cada ciudadano.
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