De acuerdo con el principal abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, la medida está encaminada a evitar que 11 ministros y cinco militares de entonces escapen de la justicia, tal y como hizo Sánchez de Lozada.
El otrora mandatario (1993-1997 y 2002-2003) huyó a Estados Unidos para eludir su responsabilidad en el caso de los más de 60 muertos y 400 heridos dejados por la represión policial a una protesta en defensa del gas, suceso llamado Octubre Negro.
Tomando una iniciativa del ministerio público, nos adherimos a su solicitud de revisar las medidas cautelares, en aras de impedir una eventual fuga, explicó Mayta a la prensa.
Además de Sánchez de Lozada, otros cuatro involucrados salieron clandestinamente de la nación andina, entre ellos los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.
Según el letrado, debe actuarse para garantizar que los acusados estén en el juicio previsto.
Autoridades bolivianas emitieron un pedido de extradición a Washington del presidente, además de enviar una orden de captura a la INTERPOL para sus allegados, gestiones infructuosas.
Los otrora funcionarios que estarían sujetos a la prisión preventiva son Yerko Kukoc, Adalberto Kuajara, Mirtha Quevedo, Guido Añez, Javier Torres, Hugo Carvajal, Erick Reyes, Dante Pino, Jorge Torres, Roberto Claros, Gonzalo Rocabado, Juan Veliz, Oswaldo Quiroga y Luis Alberto Aranda.
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