MADRID, diciembre 2.— La connivencia del gobierno derechista de José María Aznar con las operaciones de Estados Unidos para trasladar, en 2002, presos a la ilegal base que Washington mantiene en Guantánamo, donde eran sometidos a tortura, será investigada por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y por la Audiencia Nacional, reportó el diario español El País.La pesquisa seguirá a la publicación, por parte del mencionado diario, de los documentos que prueban tal relación entre Aznar y la administración Bush.
«Vamos a investigar todos los documentos de los que, cuando llegamos al gobierno, no teníamos constancia y no hemos tenido constancia hasta que han sido publicados», anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Al término de la indagación, «todo lo que podamos asistir y ofrecer a la Audiencia Nacional y a la justicia, pues lo haremos», aseguró.
Un portavoz de Exteriores indicó que aún no se ha encontrado el informe que el director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, elevó el 10 de enero de 2002 al entonces ministro, Josep Piqué, donde le daba cuenta de la entrevista que mantuvo con el consejero político-militar de la Embajada de EE UU.
En ella, el funcionario estadounidense le informaba de los vuelos que se iban a iniciar «para trasladar prisioneros talibanes», y pedían autorización para aterrizar en España en caso de emergencia. Moratinos añadió que es prematuro concluir que el documento no está en los archivos del Ministerio, e insistió en que su departamento «ha actuado siempre con plena transparencia».
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, estudia pedir la citación de algunos testigos, como Miguel Aguirre de Cárcer, aunque, preguntado por si estaba previsto citar al ex presidente José María Aznar o al ex ministro Josep Piqué, el fiscal jefe manifestó: «Es una hipótesis con la que no se trabaja, por razones obvias», pues según explicó, lo primero es comprobar la veracidad del informe.
Una eventual implicación delictiva de Aznar supondría que el caso pasaría al Tribunal Supremo, al tratarse de actos realizados en el ejercicio de su cargo.
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