"La cantidad de soldados privados aumenta vertiginosamente y casi nunca se sabe para quién combaten, ni quién les paga, ni quién los ha enviado al lugar de la guerra", señala el periodista.
Uesseler menciona que periódicos de "Chile, Argentina, Colombia y El Salvador publicaron que miembros de las unidades especiales involucradas en serios crímenes de violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras militares o a través de escuadrones de la muerte y agrupaciones paramilitares, se encuentran al servicio de empresas militares norteamericanas".
Gary Jackson, manager de la empresa Blackwater, contratada por el gobierno estadounidense de George Bush, reconoció "haber reclutado miembros de las fuerzas armadas del régimen de (Augusto) Pinochet" para enviar a Iraq.
El ensayo también menciona que Derek W Adgey, condenado por actividades terroristas en Irlanda del Norte, ha sido reclutado por la empresa ArmorGroup para operaciones en Iraq.
El autor aporta una lista de empresas militares privadas que figuran en Internet y que suman alrededor de sesenta, en su mayoría radicadas en Estados Unidos y Gran Bretaña.
Pero, lo más grave, es que en el ámbito internacional se carecen de "reglas jurídicas que regulen" sus operaciones y "es imposible demandar a las empresas militares privadas y sus empleados por violación de los códigos penales", advierte Uesseler quien agregó que la presencia de esas empresas en escenarios bélicos "socava la convención de Ginebra". (ANSA)
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