La Cámara de Representantes analiza desde este lunes una enmienda que podría cambiar el estatuto 14 de la Constitución, el cuál garantiza ciudadanía a los nacidos en suelo estadounidense.
Gobernadora de Arizona promulga otra ley racista
La revisión de una ley que data de la guerra civil norteamericana amenaza con complicar más el debate migratorio nacional luego de una reciente normativa en Arizona, criticada como discriminatoria, reporta Prensa Latina.
Según un reporte de la cadena ABC News, el derecho constitucional por nacimiento terminaría modificado si el hemiciclo parlamentario decide borrar la opción el estilo de varios países de Europa.
La mayoría de las naciones en el viejo continente ya no garantizan el llamado jus soli (ciudadanía por lugar de nacimiento) y tienden a amparar ese derecho sobre la base de la nacionalidad familiar.
Por el momento el proyecto de regulación tiene 91 partidarios en la cámara baja y si es aprobado en ese foro grupos como Pew Hispanic Center e ImmigrationWorks USA adelantaron que protestarán ante el Capitolio.
El sentimiento antiinmigrante fue fortalecido en Estados Unidos luego de una polémica ley decretada en Arizona y la tendencia xenófoba se propagó hasta otras regiones del país, según revela sondeo.
Una encuesta de la agencia Rasmussen Reports evidenció que el 58 por ciento de los estadounidenses consultados considera que los hijos de los indocumentados no pueden optar por la ciudadanía norteamericana.
La diferencia de opinión es marcada entre partidos políticos, el 76 por ciento de los republicanos y el 60 por ciento de independientes favorecen la idea de negar la ciudadanía automática a hijos de indocumentados.
Un tanteo realizado por teléfono para el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC descubrió que el 64 por ciento de los adultos estadounidenses respaldan la controvertida medida enunciada en el sur del país.
Parlamentarios de Arizona indicaron que bajo la tutela de esta nueva normativa agentes policiales podrán detener y cuestionar a cualquier persona que les parezca razonablemente sospechosa" de ser un indocumentado.
La controvertida ley entrará en vigor el 29 de julio y desde ese día será considerado un delito estatal cruzar la frontera de forma ilegal.
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