De las 530 332 viviendas afectadas por los huracanes 10 meses atrás, al cierre de julio han sido reparadas o construidas 270 000. En esta tarea y en su fiscalización se ve el esfuerzo de todos los organismos, los territorios, el Gobierno y el Partido, afirmó ayer Víctor Ramírez Ruiz, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular reunidos en el capitalino Palacio de las Convenciones. 
Para tales fines fueron creadas cuatro brigadas de movimiento de tierra que trabajan desde finales del año pasado en las provincias de Pinar del Río, Las Tunas, Camagüey y Holguín, territorios donde se ha ido resolviendo el viejo problema de la urbanización.
También fueron organizadas y equipadas 47 nuevas brigadas de construcción de viviendas estatales, que han captado recursos humanos de los propios territorios; de ellas ya laboran 20. Otras 300 esparcidas por el país se dedican a techar; y 321 bien equipadas realizan la impermeabilización de cubiertas de edificios: en el primer semestre del año concluyeron 1 013 de estos inmuebles, mientras 448 fueron beneficiados con labores de conservación o rehabilitación.
Otro programa en marcha es el de la instalación de elevadores: en el 2008 se montaron 83, y entre este y principios del 2010 deberán ejecutarse 100 más.
A la par se desarrollan los proyectos de ubicación de redes técnicas y urbanizaciones de las viviendas, lo cual implica conexiones de agua, electricidad, viales, aceras, etc. En diciembre pasado se concluyeron 49 asentamientos y actualmente trabajan en otros 87.
Ramírez insistió en que la familia tiene la responsabilidad de participar en la construcción de su vivienda, algo que aún no se logra totalmente. En el futuro, dijo, también podrán colaborar en la fabricación de los materiales.
Esta idea está basada en una experiencia expuesta a los parlamentarios por el doctor Fernando Martirena, investigador de la Universidad Central de Villa Clara, acerca de la producción local de materiales de la construcción, a partir del empleo de ecomateriales.
Con esto se logra disminuir el costo energético y financiero, y la utilización de recursos naturales o reciclables existentes en los territorios, lo cual no requiere de fuerza calificada. El fruto se materializa en cal, ladrillos rojos, áridos, cemento puzolántico, bloques y tejas con sus soportes.
Ramírez recordó que prácticamente el 85% de las viviendas construidas en el país en los últimos años ha tenido como protagonistas principales a las familias, línea que debe seguirse. Solo aquellas imposibilitadas de hacerlo, deben contar con la ayuda de brigadas estatales.
También ejecutan la instalación de cubiertas metálicas o de placa más sólidas y resistentes a los eventos climáticos, condiciones que actualmente solo tienen el 54% de los inmuebles. Para ello se utilizan las variantes del empleo del prefabricado o el sistema de poliespuma. Este último es un recurso caro en el mercado, pero el país lo adquirió para instalarlo este año en unos 10 000 techos. Entre terminados y en proceso, ya hay unas 5 327 que cuentan con esta modalidad.
Los diputados expusieron sus preocupaciones acerca de las demoras excesivas e injustificadas en los trámites legales en el sistema de la vivienda —entre otras deficientes actuaciones—, y la necesidad de mayor control y fiscalización en su funcionamiento. Propusieron, además, atemperar la legislación vigente sobre el tema a las condiciones actuales. ( Lourdes Pérez Navarro)
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